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Opinión

Independencia del Fiscal Jefe. LA RAZON 16 jun 2011


Continua el terrorismo de ETA tras las elecciones de Mayo '07.
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Video agresión a la Asociación Dignidad y Justicia, y al Foro de Ermua

Video Homenaje a Miguel Ángel Blanco








LA TRAMA CIVIL DE ETA.
Daniel Portero
Documentos ArcoPress
 

PUNTO DE INFORMACIÓN

Miles, decenas de miles de perseguidos a lo largo de la historia sangrienta de ETA, desde 1958, están teniendo la oportunidad de conseguir un procesamiento penal a pesar de tratarse de un crimen de lesa humanidad la persecución y expulsión forzada de población, tal y como se refleja en el artículo 607.bis del Código Penal.

A día de hoy únicamente unas 150 personas han solicitado al Ministerio de Interior la condición oficial de amenazado, perseguido y desplazado interno como consecuencias del hostigamiento, presión y asesinato al que está sometiendo ETA a él o su familia para que abandonen el País Vasco.

De hecho, ni siquiera se está investigado de forma “oficial” por administración pública alguna el alcance de la persecución de ETA, ni el alcance de los daños sufridos por los perseguidos por la organización terrorista, desplazados internamente en nuestro país e incluso fuera de nuestras fronteras.

De hecho, ni siquiera existe ni oficina de atención jurídica, psicológica o punto de información a los perseguidos o que están siendo perseguidos durante tantos años como consecuencia de las acciones terroristas de ETA.

Tampoco existe visibilidad para el colectivo perseguido que es como si no existiera.

No existe ningún plan de reparaciones para los perseguidos y expulsados forzoso del País Vasco por ETA mediante la intimidación y violencia.

Sin embargo, el pasado 17 de marzo de 2015, el Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional de condena de la limpieza nacional y crímenes contra la humanidad cometidos por la Izquierda Abertzale y su brazo armado ETA, en los territorios de País Vasco y Navarra. La declaración aprobada fue elevada a Junta de Portavoces por la Comisión de Peticiones, por acuerdo adoptado en su sesión del pasado 11 de marzo. Ante esta misma Comisión compareció el pasado 3 de marzo Daniel Portero de la Torre, en representación de la Asociación Dignidad y Justicia, y presentó una propuesta para que el Parlamento de Navarra aprobase la declaración antedicha. En el Parlamento Vasco, Congreso y el Senado también se han presentado escritos similares en ejercicio del derecho de petición a fin de conseguir sendas declaraciones institucionales de condena, en consonancia con la aprobada por el Parlamento de Navarra.

ETA lleva más de cincuenta años perpetrando una “limpieza nacional,” con todas las decenas de miles de españoles “no nacionalistas vascos” obligados a abandonar sus hogares en el País Vasco y Navarra. Cero son las víctimas selectivas entre los de ideología similar a la izquierda abertzale que se consideran a sí mismos de cualquier nacionalidad distinta a la española, mientras que las víctimas selectivas de nacionalidad española –a las que se les denomina como “txakurra española”- son del cien por cien, en lo que ha constituido un inconfundible “discurso del odio” y de discriminación contra lo “español,” una de las claras alertas reconocibles en un contexto de genocidio.

En este sentido, ETA emprendió contra el grupo nacional español las siguientes políticas de largo alcance, que constituyen delitos tipificados en los artículos 607.1.4 y 607bis.2.4 del Código Penal, teóricamente existentes, pero nunca aplicados hasta ahora:

a) Una política dirigida a perpetrar cientos de asesinatos –selectivos y matanzas- de miembros del grupo objetivo nacional español, trágicamente exitosa en 858 ocasiones. Comenzando por sus líderes sociales de todo tipo y adscripción ideológica, para “descabezar” al grupo, pero también a los miembros del “law enforcement” para debilitar su protección sobre el terreno, debiendo recordarse que poner de manera generalizada en el punto de mira a esa “parte cualificada” del grupo perseguido se considera un “fuerte indicio” de genocidio.

b) Una política de “desapariciones forzadas” selectivas, seguidas de “ejecuciones extrajudiciales,” como con Miguel Ángel Blanco, o seguidas de “sometimiento a condiciones de detención contrarias a las leyes internacionales,” como con Ortega Lara, por mucho que esto no se les haya reconocido todavía ni aun tratándose de la más blindada de las once formas existentes de lesa humanidad: la desaparición forzada.

c) Una política de actos de acoso y persecución cotidiana, desde las pintadas amenazantes en el barrio o la universidad, a los cócteles molotov contra los domicilios, comercios y sedes de partidos políticos, así como innumerables otros actos inhumanos, propios de auténticos “crímenes de odio,” como los ensañamientos con tumbas como la de Gregorio Ordoñez, o las burlas telefónicas a familiares de asesinados sin explicación “ideológica” posible.

d) En suma, una política de expulsión forzada de decenas de miles de seres humanos, familias enteras, exiliados en otros lugares, lo que hace de España el país con mayor número de “desplazados internos” de la Unión Europea. Cada vez que ETA mata no pierde la ocasión de hacer saber públicamente a todos sus perseguidos que “se marchen” o serán “inexorablemente eliminados,” como demuestran los cientos de comunicados históricos de la banda terrorista. Los asesinatos son instrumentalizados como “delito de referencia” para alimentar el terror e intensidad de la persecución de lesa humanidad ejercida contra sus víctimas en el día a día.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal Supremo de Alemania, no han dudado en recordar recientemente que “genocidio” no solo consiste en la “eliminación física o biológica” –“en todo o en parte”- de un grupo humano, sino que también puede revestir la modalidad de “eliminación de su presencia geográfica”-“en todo o en parte”- de un territorio. Y lo ha hecho recordando el especial valor jurídico resultante de que se verifique la concurrencia de ambas conductas sumadas: la eliminación total o parcial física y total o parcial geográfica de miembros del grupo objetivo. Que es justamente lo que está haciendo ETA.

España está obligada a cumplir sus deberes jurídico-internacionales para proteger a todos esos ciudadanos y enjuiciar tales actos de persecución y expulsión forzada de personas, tipificados en los artículos 607.1.4 y 607bis.2.4 del Código Penal.

Para contribuir al necesario consenso y unidad de acción de los demócratas en este importante asunto, la asociación pretende crear un punto de información a los perseguidos y amenazados durante tantísimos años y que aún no conocen las acciones tanto a nivel de reconocimiento como amenazados como las posibles acciones judiciales que pueden realizar al respecto.

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